Por Carlos Monge
Si se le prueba a Cesar Álvarez
en Ancash, o a Gregorio Santos en Cajamarca, o a cualquier otra autoridad
regional o local, las acusaciones que hoy se les hacen, deberán pagar sus
culpas en la cárcel, igual que cualquier otro funcionario público al que se le
pruebe corrupción o peor aún el asesinato de enemigos políticos.
Pero, no seamos inocentes.
Lo que estamos viendo no es
una campaña para moralizar al país, sino
una campaña para tirarse abajo la descentralización, reconcentrando en el
gobierno central las competencias y los recursos fiscales que han sido
transferidos a los gobiernos regionales y locales a lo largo de la última
década. Y, de paso, desviar la atención
de la opinión pública de los graves problemas de corrupción que afectan al
íntegro del aparato del estado peruano, comenzando por las más altas instancias del gobierno central.
Lo de Álvarez se sabía y se denunciaba desde hace tiempo.
·
Sin embargo, el Congreso de la República
desestimó pedidos de investigación y de protección a Ezequiel Nolasco y su
familia;
·
El Poder Judicial dejo libres a los sospechosos
de haber participado en el primer intento de asesinato;
·
La Contraloría General de la República nunca
antes le encontró nada;
·
La Fiscalía no lo acusó de nada;
·
Y la Policía Nacional le brindaba protección.
Y todas estas son instancias
del poder central, que resultan totalmente corruptas o totalmente ineficientes,
o ambas cosas a la vez.
¿Se resuelven estos problemas quitándole poder y plata a las regiones
para reconcentrarlos en manos de la elite política en Lima?
Resulta que el Ministro
Castilla fue vice Ministro de Economía de Alan García cuando AGP y Aurelio
Pastor montaron una fábrica de indultos a narcotraficantes;
·
Que sindicatos organizados por las mafias en
construcción civil se legalizan como bases de la CTP aprista;
·
Que Álvarez apoyó a Luis Castañeda en la primera
vuelta electoral del 2011 a cambio de llevar a Heriberto Benítez al Congreso en
las filas de Solidaridad Nacional, y después apoyó a Ollanta Humala en la
segunda vuelta del 2011;
·
Que el nuevo Fiscal de la Nación Carlos Ramos
está sometido a investigación por el Consejo Nacional de la Magistratura por
actuaciones dudosas relativas a Ancash;
·
Que se han denunciado relaciones entre Freddy
Otárola, congresista ancashino del PNP y actual Presidente del Congreso, con
Cesar Álvarez y su gente en Ancash.
·
Un segundo problema de fondo que tampoco se
arregla reconcentrando el poder en tan distinguidos personajes es el fracaso de
la Ley de Partidos en su objetivo de recomponer el sistema de representación
política en crisis desde hace un buen tiempo.
Esta ley estableció la
existencia de organizaciones políticas locales, movimientos políticos
regionales y partidos políticos nacionales, para generar un canal de
organización y acción a las elites políticas locales y regionales en el marco
de la descentralización, en vista de la crisis de los partidos políticos
nacionales.
Pero el resultado es que
caudillos locales y regionales arman organizaciones y movimientos para ganar
elecciones, sin institucionalización ni representación de intereses que no sean
los del grupo mismo en el corto plazo.
No se ha logrado pues partidos
nacionales más fuertes que antes.
Hay entonces una crisis
institucional del Estado en todos sus niveles.
Pero quienes están en el nivel
central y son parte del desastre institucional que nos ha heredado el
neoliberalismo, buscan concentrar las culpas en la descentralización y plantean
como solución reconcentrar en sus manos las competencias y los recursos que se
han transferido a las regiones y municipios en estos 10 años.
¿La salida?
Profundizar la
descentralización corrigiendo sus muchas limitaciones.
Algunos elementos de esta
propuesta: relanzar el proceso de creación de regiones sobre la base de la
integración de dos o más departamentos; reformar la Ley de Canon y relanzar la
descentralización fiscal para distribuir todos los recursos públicos entre los
sectores y niveles de gobierno en función de sus responsabilidades y sus metas
y sobre la base de criterios consensuados y predecibles;
Definir las competencias de
los gobiernos regionales y locales en relación con los grandes proyectos
extractivos, energéticos y de comunicaciones que hoy generan la mayor
conflictividad social;
Definir las competencias de
los gobiernos locales en la provisión de los servicios de educación y salud;
Reformar los ministerios del Poder Ejecutivo para adecuarlos a la descentralización.
Y claro, en paralelo, diseñar
y poner en práctica las reformas necesarias para que la Contraloría controle, la Fiscalía investigue y acuse, el
Poder Judicial juzgue, y la Policía Nacional proteja a los ciudadanos.
En suma, hay que proteger e impulsar la descentralización corrigiendo
sus defectos de diseño y de puesta en práctica, y al mismo tiempo hay que
atacar los graves problemas de corrupción que atraviesan al gobierno central y
que hoy se quieren ocultar achacando todos los problemas a la
descentralización.
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