César Lévano
Director del diario peruano La Primera y catedrático de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Por La Primera
El Ejecutivo ha enviado al Congreso, para su aprobación,
un paquete de medidas destinadas a favorecer la gran empresa, mediante
estímulos tributarios, simplificación de procedimientos y permiso para arrasar
con el medio ambiente, en la medida de su codicia y sus inversiones.
He sostenido más de una vez que en el Perú no existe
Estado nacional.
El proyecto de Palacio expresa esa carencia. Así como la
gran minería puede llevarse lo que puede pagando apenas óbolos insignificantes;
y las grandes pesqueras extraen lo que quieren, fingen crisis, no pagan nunca
una multa, y malbaratan las proteínas de la pesca pagando casi nada de
impuestos (en marzo último, en un solo mes, exportaron por 295 millones de
dólares); y los madereros delincuentes contrabandean caoba fina mediante coima
y pistola; así los petroleros han logrado un nuevo favor del presidente Ollanta
Humala.
El paquete legislativo propuesto por Palacio busca, sin
tapujos, estimular la destrucción de uno de los tesoros de nuestra patria, de
alto valor para la humanidad entera y para las futuras generaciones: el medio
ambiente.
Es tan funesto lo que se propone, que la Defensoría del
Pueblo ha entrado al debate, señalando la amenaza.
Eduardo Vega, defensor del pueblo, critica que el texto
plantee que, durante tres años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), esté impedido de imponer sanciones. En ese lapso, lo más que
puede hacer la OEFA es formular recomendaciones. Se busca asimismo que en lo
futuro las multas no excedan del 35 por ciento del monto actual.
El papel protector del bien común y de fiscalización de
la actividad privada queda así en suspenso. Una abdicación.
No me extrañaría que los grandes mineros y pesqueros
pidieran compartir ese lapso de “anarquía” sin poder alguno del Estado durante
tres años. El zorro libre en el libre gallinero.
Y ¿por qué, me pregunto yo, papá Estado no libra, a lo
largo de tres años, a los maestros, a los profesores universitarios y a los
trabajadores en general de pagar el impuesto a las ventas? ¿Por qué se persigue
a los pequeños mineros, que también dicho sea de paso, contaminan el ambiente?
Otro ángulo sombrío del proyecto palaciego consiste en
trasladar la facultad de establecer zonas reservadas al Consejo de Ministros,
donde la voz cantante la lleva el presidente Luis Castilla, perdón; el ministro
de Economía Castilla.
El ala neoliberal del régimen —Castilla-Nadine Heredia—
se sabe condenada al fracaso, y recurre, en su desesperación, a remedios que
son peor que la enfermedad.
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