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| PROCURADORA PÚBLICA JULIA PRINCIPE TRUJILLO |
Sin descanso.
En el 2009 Julia Príncipe
asumió la procuraduría de lavado de activos. Entre los casos más importantes que ve se encuentra el del empresario
Rodolfo Orellana. "Casi no he tomado vacaciones en cinco años",
asegura.
Julia Príncipe.
Procuradora pública
especializada en lavado de activos y procesos de pérdida de dominio y ex
procuradora pública anticorrupción de Lima. Abogada egresada de la Universidad
San Martín de Porres. Nació en Huari, Áncash. Es madre de dos hijas.
Texto. Enrique Patriau.
A Julia Príncipe Trujillo no
le gusta que le tomen fotos. Procuradora del Estado en casos de lavado de
activos, investiga a bandas criminales, pero eso de sentarse a posar para el
lente de un fotógrafo la pone un poco nerviosa. Príncipe recibe a Domingo en su
oficina un jueves por la tarde. Los expedientes acumulados en estantes, uno
sobre otro, evidencian una actividad intensa. Esta mujer natural de Huari es la
obsesión de personajes oscuros que no quisieran verla hurgando en sus
actividades y negocios. Dice que su trabajo puede dar miedo, pero que vale la
pena dar la pelea: "Y acá estoy".
¿Cómo se hizo procuradora de lavado de activos? ¿Para eso se estudia?
(Risas). No. Mi desempeño
profesional como defensora del Estado
se inicia el 2002, cuando soy nombrada procuradora pública anticorrupción de
Lima. En abril del 2009 se me designa procuradora pública especializada en
delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio. Y así me fui
especializando.
Sé que sus inicios fueron bastante complicados.
Es que a mí me designaron el
2009 pero se tuvo que empezar de cero. Cuando arrancamos acá éramos, no le
miento, tres personas: yo, una abogada y una asistente. Recién a partir del
2011 se fue incrementando el personal, aunque, igual, se requiere más. Las
organizaciones criminales nos llevan mucha ventaja: cuentan con grandes
estudios de abogados, ventajas logísticas, profesionales, tecnología.
¿Usted vive amenazada? Cuénteme un poco su día a día.
Vivo constantemente
preocupada, eso es cierto. Por ejemplo,
el 6 de octubre del 2012 se me hizo un reglaje y seis días después
llegaron hasta mi casa dos encapuchados con acento colombiano que portaban
armas y que se quedaron dando vueltas.
Mi día a día es complejo, no tengo tranquilidad. Acá nos enfrentamos a
organizaciones criminales y con eso ya le dije todo.
¿Cuántas personas la custodian?
Dos personalmente y una en mi
domicilio. Es un poco complicado ir de lado a lado con custodia, ¿no? Como que
la vida privada se ve muy alterada.
Imagino. ¿Y usted sabe disparar?
No. Yo no porto armas. Nunca se me había ocurrido. Le tengo mucho
miedo a eso.
¿Se enfrenta a organizaciones criminales y le tiene miedo a las armas?
(Piensa). Las enfrento legalmente.
Es que me sería muy complicado agarrar un arma y disparar, no podría, no
podría, ni siquiera en defensa propia.
¿La han amenazado de muerte?
No, eso no. No directamente al
menos. ¿Quién envió a estos sicarios? Eso no lo sé. Pero, ¿sabe? Yo soy
valiente y mujer de carácter. Si no fuera así, no estaría acá sentada, ya hace
rato me hubiera ido. Quizás estos sujetos han pensado que porque soy mujer me
iban a amedrentar, pero se equivocaron.
¿Lleva la cuenta de cuántas denuncias le han interpuesto?
Ya perdí la cuenta (risas).
Son denuncias que se inician el 2010, en el desarrollo de una investigación por
presunto lavado de activos, a través de la transferencia y apropiación de cinco terrenos del
Ministerio de Educación con documentos falsos. La procuraduría investigó el
tema y se solicitó que se comprenda como investigado al señor Rodolfo Orellana
Rengifo, por presunto delito de lavado de activos. A raíz de esa acción, inició
en contra mía una sistemática campaña de desprestigio, difamación, acoso. Me
empezaron a dedicar artículos en el semanario Juez Justo…
Dirigido por Benedicto Jiménez.
Exacto, el amigo, socio y
abogado de Orellana. A finales del 2010, Jiménez me interpuso una denuncia por
omisión de actos funcionales, incluso por lavado de activos. Luego Orellana y
el actual congresista Heriberto Benítez me interpusieron otras denuncias, y por
los mismos hechos falsos. Todo se archivó. Ahí empieza la persecución legal…
¿Qué no concluye hasta ahora?
No, y ya nos vamos por los
cuatro años. Hoy (jueves) me acaba de
llegar una nueva notificación, en la que un juez declara improcedente una nueva
querella en mi contra iniciada, nuevamente, por Jiménez. Esta persona me ha
denunciado por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado,
omisión de actos funcionales. Qué le puedo decir, es un auténtico rosario.
¿Y es cierto que usted asume su propia defensa?
Efectivamente. En su momento
solicité que se me asignara un abogado, pero hasta la fecha no ha ocurrido así.
Es una situación absurda. Usted debería estar preocupada por defender
al Estado, no a usted misma.
(Piensa). Tampoco he dejado de lado los casos
de la procuraduría. ¿Qué me quitan tiempo con eso? Sí. ¿Qué me obligan a un
mayor esfuerzo? Sí.
Oiga, pero que le pongan un abogado al menos.
Justo me visitaron del
Ministerio del Interior y parece que ya se están tomando acciones al respecto.
Sin embargo, el acoso no es solamente judicial, le diré. También me dedican
artículos difamatorios, en revistas, radios, televisión e internet. Recuerdo
una vez que en plena Copa América publicitaron la revista Juez Justo en todos
los canales de televisión con la siguiente frase: ‘Julia Príncipe Trujillo, de
procuradora a administradora de burdeles”. También envían información falsa a
los ministros y viceministros, de quienes dependo, para desprestigiarme.
Y me dice que todo esto empieza por Orellana Rengifo. Con todo lo que
se ha dicho y escrito sobre él, ¿es su caso más importante?
Es uno de los más importantes,
pero nuestra competencia es para investigar el lavado de activos vinculado a
cualquier actividad criminal y a nivel nacional: secuestros, extorsiones,
proxenetismo, minería ilegal. Es algo muy amplio, como ve.
Usted dijo que, desde un inicio, la investigación en contra de Orellana
Rengifo fue muy irregular. ¿A qué se refería?
Cuando en la procuraduría nos
dimos cuenta de que el caso era complejo pedimos que se designara a un fiscal a
dedicación exclusiva y se nombró a Luis Arellano Martínez, pero este dispuso el
archivo de la investigación. Nosotros interpusimos una queja, declarada
fundada. El fiscal Arellano incluso le entregó copias a Orellana del informe
que había preparado sobre él la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), algo
completamente irregular.
La cooperativa Coopex está vinculada con Orellana. Usted dijo también
que Daniel Ramsay, el ex asesor del ex fiscal de la Nación, José Peláez, figura
como socio allí.
En registros públicos
aparecen, además, trabajadores de rango inferior del Poder Judicial y
funcionarios de gobiernos regionales. El señor Ramsay me ha cursado una carta
notarial, pero he revisado la información nuevamente y él aparece, al igual que
Alan Jiménez Chirinos, hijo de Benedicto Jiménez. La investigación sobre Coopex está en curso.
¿Usted le comentó a Peláez la situación de Ramsay?
En su momento le di cuenta. Me
dijo que Ramsay se había desvinculado hace muchos años del señor Orellana. Fue
una reunión muy rápida.
¿En qué etapa se encuentra la investigación contra Orellana?
La investigación está a cargo
de la división de lavado de activos de la Dirincri y se han remitido los
actuados a la fiscalía especializada en lavado de activos y pérdida de dominio.
Nosotros ayudamos en la investigación. Y a pesar de las dificultades, sí se ha
avanzado.
¿Quiénes protegen a Orellana?
No puedo hablar de protección,
sí puedo hablar de investigaciones irregulares, como le he descrito. Recuerdo
un reportaje que salió publicado en Caretas sobre un audio en el que se decía
que el estudio Orellana tenía adscritos a fiscales, jueces.
Le menciono otro caso. El suspendido presidente de Áncash, César
Álvarez, está preso pero no por cargos de corrupción. ¿Qué tiene que ocurrir
para que se le investigue por lavado de activos?
Sé a qué se refiere.
Ciertamente, la investigación, en este momento, está paralizada. Se archivó
tres veces. La procuraduría interpuso una queja que se declaró improcedente por
extemporánea, sin embargo se acreditó que sí se presentó a tiempo. Hasta ahora
no tenemos respuesta.
No tienen respuesta un año después de presentada la queja.
Justo hoy, jueves, se cumple
un año. Todos estos hechos fueron
puestos en conocimiento del ex fiscal de la Nación, José Peláez. Y el 16 de
mayo reciente se los hicimos conocer al actual fiscal, Carlos Ramos Heredia.
¿La actuación de Peláez en el caso Áncash le parece sospechosa?
Yo no puedo responder eso. Lo
que sí es cierto es que la actuación de los fiscales en la investigación contra
el señor Álvarez y 56 personas de su entorno ha sido bastante irregular.
La impresión es que Peláez no hizo mucho para que esas irregularidades
se corrijan.
Lo que le puedo decir es que
todo esto se le hizo conocer al señor Peláez, y no se resolvió nada.
El actual fiscal de la Nación, Ramos Heredia, declaró que algunos
procuradores no tienen ni la rigurosidad ni la capacidad para poder hacer los
recursos pertinentes. ¿Lo ha sentido como una alusión?
No me siento aludida porque la
labor de la procuraduría es conocida. Eso sí, no puedo dejar de mencionar que
esas declaraciones son desafortunadas y agravian a todos los procuradores
públicos y al sistema de defensa jurídica del Estado. Quizás para mejorar la
imagen de su institución, (Ramos) responsabiliza a otros actores por la
desacertada actuación de algunos fiscales, y digo algunos porque la mayoría son
profesionales decentes y valientes. No se nos puede trasladar a nosotros la
responsabilidad de una investigación cuando el órgano responsable de perseguir
el delito es el Ministerio Público.
¿Le preocupa la supuesta reunión entre Ramos con Orellana?
Creo que la preocupación no es
solamente mía, es de todos.
Las historias de Orellana y Álvarez se han terminado cruzando. Según un
informe de la Procuraduría, el primero pertenecería a la red del segundo. ¿Le
sorprendió la noticia?
(Piensa). No. Le recuerdo un
detalle: el señor congresista Heriberto Benítez, vinculado a César Álvarez, me
denunció en el 2010 por los mismos cargos que Rodolfo Orellana y Benedicto
Jiménez.
Claro, cuando se lo han preguntado lo ha
negado. Ha mentido. Es más, ya electo congresista le volvieron a consultar al
respecto, y siguió mintiendo. ¿Qué se puede esperar de una persona que actúa de
esa manera?
Hay algunas ironías en su carrera. Le comento una. Usted ingresó en el
gobierno de Alejandro Toledo como procuradora anticorrupción. Años después,
desde Perú Posible la acusaron de filtrar
información sobre Ecoteva.
(Risas).
Usted tiene buen humor, por lo que veo.
Es que me tengo que reír
también. Esa acusación me causó gracia. La investigación contra la señora Eva
Fernenbug, la suegra del expresidente, se inició a pedido de la procuraduría.
La solicitud para incluir como investigados a Toledo, Maiman, Avi Dan On y
Eliane Karp también nació de acá. Nunca filtré nada.
¿Estuvo de acuerdo en que no se formalizara denuncia contra Toledo,
Karp o Maiman?
En la procuraduría no nos encontramos
conformes con la decisión de la fiscal Elizabeth Parco y ya hemos presentado una queja de
derecho. Considero que existen indicios
de la participación de los mencionados en los hechos materia de
investigación. Mire, yo soy abogada del
Estado y, lo siento, me da mucha pena con Toledo, pero me toca defender los
intereses del Estado.
Le cuento la segunda ironía. Usted es procuradora en temas de lavado de
activos y a su ex esposo, Edward Vizcarra Zorrilla, ex alcalde de Huari, lo
investigaron por ese mismo delito.
En el 2010 me llegó la
notificación de la Policía para notificarme de que, por disposición de la
fiscalía de Huari, estaban investigando a Vizcarra por lavado de activos.
Frente a eso, hice lo correcto: pedí que me sustituyan en el caso, y así
ocurrió. Pese a eso, Benedicto Jiménez igual me denunció argumentando que jamás
rompí el vínculo con mi ex esposo, sin presentar ninguna prueba. Jiménez se ha
ido a Huari, incluso, para indagar sobre mi vida. Desde julio del 2001 y hasta la fecha estoy
apartada del señor Vizcarra. Es más, yo soy padre y madre para mis hijas, padre
y madre. A mí el señor Vizcarra no me da un sol, ni adquirí una sola propiedad
con él. No tengo carro, no tengo casa.
Mi hermano, el fiscal Hugo Príncipe, es quien me ayuda. No tengo nada que
esconder en mi vida, felizmente.
Leí en un informe periodístico que en este país se lavó, en cinco años,
unos US$ 7 mil millones. ¿Es así?
Sí, me atrevería a decir que
es así. Se está lavando mucho por la minería ilegal, principalmente. Acá hay
informalidad, ausencia de controles, y se tendría que trabajar en mejorar nuestro marco legal y los sistemas de
control. Eso es lo básico. Los delitos de lavado de activos son difíciles de
probar y cada organización maneja un modus operandi, y eso es lo más
complicado: identificarlo para armar estrategias de defensa. Estas bandas
cuentan con abogados, analistas financieros. Hablamos de organizaciones
criminales que, en el fondo, son empresas. Pero le quiero decir algo: pese a
las dificultades, me siento contenta con los resultados conseguidos.
¿Cuánto dinero destina el Estado a la procuraduría?
A eso iba. Nuestro presupuesto
es modesto. Entre el 2009 y mayo de este año se han invertido en la
procuraduría no más de 5 millones de soles. Aun así, hemos intervenido en más
de 1,400 casos y se han logrado importantes incautaciones por casi 100 millones
de soles
¿Qué es lo más difícil de ser procuradora?
Ya lo ve: todo (risas).
¿Alguna vez se le pasó por la cabeza renunciar?
Hay trabajos que dan más miedo
que otros, y mi trabajo es para sentir miedo.
Pero si no ha renunciado a pesar del miedo, es que le gusta perseguir a
los malos.
Sí, pues, no puedo dejar de
reconocer que me gusta. Tampoco sé si a los que investigo sean completamente
malos, ¿sabe? En fin, no le voy a negar que sí se me ha pasado por la cabeza
renunciar porque, ya se imagina, esto me toma todo el día, pero acá sigo.
Alguien me decía la otra vez si todo esto tenía sentido, y yo le respondí que
sí, que vale la pena enfrascarse en esto.
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