 |
| José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia |
Consejo de la Magistratura
resolvió desestimar pedido de IDL el mismo día que Ramos fue elegido Fiscal de
la Nación
Daniel Yovera
Los fiscales supremos José Peláez
Bardales y Carlos Ramos Heredia NO serán investigados por el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) por los casos Áncash y Sánchez Paredes
¡Delito de fiscal que
destituye-suspende a fiscales que investigan!
Por Guillermo Olivera Díaz;
godgod_1@hotmail.com
El fiscal de la nación, igual
el presidente de una corte superior de justicia, que, sutil o toscamente,
aparta a fiscales o jueces inferiores del sonado caso penal que investigan,
simple y llanamente es un delincuente más, asociado a la red criminal
favorecida. Por esa manida vía, frecuente en Lima, está sustrayendo de la
persecución penal al real investigado y copartícipes. Consuma el delito de
encubrimiento personal agravado (Art. 404°, Código Penal).
El caso de la región Ancash
resulta indignante y emblemático. Fueron destituidos, sin ser oídos, cuatro (4)
fiscales provinciales; a un quinto se lo apartó-suspendió del caso; todos
fueron ipso facto reemplazados por otros seguramente genuflexos y, de remate,
denunciados penalmente. ¿Quién o quiénes pidieron por escrito en su favor
tamaña “proeza” fiscal, pedido-denuncia que no constituye prueba alguna, ni fue
objeto de investigación por el entonces fiscal de la nación?
Entérense de los pormenores
fácticos de esta oprobiosa y punzante situación, en el artículo de la Revista
Ideele: “Los fiscales de César Alvarez”. Yo era demasiado ingenuo, crédulo, en
sólo “los jueces de Alan García”, cuando fiscales y jueces, por igual, son necesarios para la impunidad,
sustrayendo al infractor de la persecución penal.
Roles diferentes en pos del
mismo objetivo, por precio, sin duda. Empero, la coima no es un ingrediente del
tipo penal Encubrimiento Personal; ergo, no hay que probarla. A continuación el
informado artículo de Ideele.
LOS FISCALES DE CÉSAR ALVAREZ (por Revista Ideele)
“César Álvarez ha caído y, junto con él, toda
una red del crimen organizado en la región Ancash. Lo sorprendente es que esta
organización criminal, de acuerdo al procurador anticorrupción Cristian Salas,
algunos medios de prensa (La República y el Comercio) y determinados
periodistas (resaltan los trabajos de Ricardo Uceda y Daniel Yovera) se encontraría compuesta no solo por
sicarios sino por funcionarios públicos de las más altas esferas del aparato
estatal; a saber: Congreso de la
República, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio
Público. En el presente artículo nos ocuparemos de éste último al haber
tenido un rol protagónico –negativo- en el presente caso.
El Ministerio Público, al ser el órgano constitucionalmente
encargado de la persecución del delito y de la criminalidad organizada, tiene
como fundamental principio de trabajo la objetividad; esto es, en palabras de
Oré Guardia, que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las
pruebas y al derecho vigente, resulte ello contrario o favorable al imputado.
No es un acusador a ultranza: sus requerimientos estarán orientados por lo que
en derecho corresponda, pues sólo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus
funciones en defensa de la legalidad.
Si esto es así, ¿cómo se explica que los fiscales
anticorrupción que en julio de 2011 encontraron serios indicios de corrupción
en la gestión del ex Presidente Regional César Álvarez por el ya conocido caso
“la centralita”, cumpliendo a cabalidad con dicho principio y contrariamente a
toda lógica, hayan sido destituidos de sus cargos por el entonces fiscal de la
nación (sí, con minúsculas) José
Peláez Bardales?
Sucede que la puñalada no vino por detrás sino por delante y sin ningún
desparpajo. El propio Fiscal Superior Decano, Dante Farro Murillo, motivado
por las presiones de Heriberto Benítez y el propio César Álvarez, remitió a
Peláez el Informe Nº 005-2011-MP-PJFS-SANTA, de fecha 15 de julio del 2011, por
el cual daba cuenta del supuesto allanamiento irregular (pese a que existía una
resolución judicial que lo autorizaba) por parte de los fiscales César Jiménez
Rodríguez, Francisco Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian
Aceijas Silva, en el inmueble donde operaba la famosa “centralita”.
El resultado de dicho informe es conocido. Los cuatro fiscales
anticorrupción fueron separados del Ministerio Público y, nuevamente, los actos
de corrupción del Gobierno Regional de Ancash quedarían paralizados e impunes.
¿Por qué decimos esto último? En la misma resolución (Nº 1324-2011-MP-FN) que
destituyen de sus cargos a estos fiscales, designan en su reemplazo a Martín
Pedro Garay Mercado, fiscal que la poca prensa opuesta al gobierno regional de
Ancash, le puso el sobrenombre de “fiscal
archivador”, puesto que las denuncias por corrupción que tuvo a su cargo o
las archivaba o retardaba en su pronunciamiento.
Pero el tema no quedó ahí. Si Peláez se encargaba de expulsar fiscales
incómodos a la gestión de Álvarez, Carlos Ramos Heredia tenía la misión de denunciarlos
penalmente, y así sucedió con los
cuatro ex fiscales anticorrupción que de denunciantes terminaron en la
condición de denunciados.
Ahora bien, Ramos Heredia
nuevamente cobraría protagonismo por el caso del también fiscal anticorrupción
Checa Matos, quien, recogiendo la denuncia del abogado Gilmer Asís, decidió
ordenar la intervención de una camioneta de propiedad de gobierno regional donde
presuntamente se llevaba dinero el cual sería utilizado para el ilegal pago de
acciones de proselitismo político a favor de la gestión de Álvarez. Lo cierto
es que, al igual que en “la centralita”, en la dichosa camioneta no se encontró
nada; sin embargo, por dicho accionar, el entonces Fiscal Supremo de la Oficina
de Control Interno del Ministerio Público, Ramos Heredia, decidió, a través de
la Resolución Nº 495-2012-MPFN-F. SUPRA.C.I., disponer la medida de abstención
en el ejercicio de la función fiscal en contra de José Checa Matos, sanción que
equivaldría separarlo de la titularidad de la investigación y de la propia
institución a la cual pertenece.
No se ha comentado mucho sobre
esta resolución de carácter sancionatorio, pero de ella se puede desprender
–claramente- la parcialidad, falta de objetividad e inexistente motivación en
su redacción. La intención era clara: sacar del camino al Fiscal José Checa
Matos y se quiso hacerlo a la mala. Al igual que en la denuncia que plantea
Ramos Heredia por el caso “la centralita” en contra de los cuatro fiscales,
esta resolución se sustenta únicamente en la denuncia de parte realizada por
César Álvarez y las publicaciones de los diarios “Expresión” y “Diario ya”,
medios de comunicación cuestionados por su línea editorial a favor del
cuestionado funcionario regional.
Si Peláez se encargaba de expulsar fiscales incómodos a la gestión de
Álvarez, Carlos Ramos Heredia tenía la misión de denunciarlos penalmente
El artículo 56º del Reglamento
de Control Interno que regula esta medida refiere ésta es de naturaleza
excepcional, que solo se adopta en situaciones de suma gravedad, y que solo se
dispone en aquellos casos que la infracción funcional esté suficientemente
acreditada con medios probatorios idóneos, y que además haga prever que la
sanción a imponerse será la destitución. Por su parte, el artículo 57º la
resolución que dispone la medida de abstención será debidamente motivada. Son
estos requisitos o presupuestos legales que la resolución emitida por Ramos
Heredia no posee.
La norma es clara, la supuesta
irregularidad cometida debe ser de tal gravedad que, posterior a la sanción de
abstención-que es la excepción y no la regla-, viene la de destitución. Por
tanto, la intencionalidad quedó evidenciada, razón por la cual en segunda
instancia esta sanción fue revocada gracias a los votos de Pablo Sánchez y
Gladys Echaiz. Sin embargo, aquel Fiscal Supremo que ayer emitió una decisión
en contra de la lucha contra la corrupción, hoy, siendo Fiscal de la Nación, en
su juramento al cargo promete confrontarla. La pregunta cae por su propio peso:
¿qué garantías o grado de credibilidad
puede ofrecer alguien que desde un puesto clave en el Ministerio Público pide
la destitución de fiscales anticorrupción y no lo respalda en su trabajo?
Ha quedado demostrado, por
tanto, que tanto Carlos Ramos Heredia como José Peláez Bardales, han jugado un
papel muy importante en el caso Áncash. Lastimosamente, no del lado correcto
sino tomando partido de un grupo que hoy es perseguido por la justicia. Lo
único que ha cambiado en las innumerables denuncias por corrupción en contra de
César Álvarez y de su manejo del Gobierno Regional de Ancash, es que éstas han
sido puestas a la luz pública nacional, razón por la cual hoy, a diferencia de
ayer, cuentan con el respaldo estatal. Sin embargo, aquellos que, desde sus
altos cargos, apoyaron –en alguna medida- con sus acciones este ambiente de
impunidad en la lucha contra la corrupción en dicha región también deben
responder”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario