Con carteles en mano bajo el lema “No
al paquetazo Castilla. Por una economía al servicio de l@s peruan@s”, diversas
organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, de derechos humanos,
gremios laborales, entre otras, expresaron su unánime rechazo al paquete de
medidas económicas presentado por el Gobierno de Ollanta Humala.
Demandan una inversión que respete
estándares ambientales y hacen un llamado a los congresistas para que escuchen
la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, que también ha
expresado su preocupación al respecto.
José de Echave, ex Viceministro de
Gestión Ambiental, advirtió que las normas darán paso a nuevos proyectos
extractivos y se incrementarán los conflictos sociales.
Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo
Perú Cop20, señaló que estas medidas dan una mala señal a la comunidad
internacional toda vez que el Perú será sede en diciembre próximo de la COP 20.
Con carteles en mano y bajo el lema de #NOALPAQUETAZOCASTILLA, representantes
de diversas organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales,
trabajadores, redes de derechos humanos, de mujeres, de regiones y ONGs, expresaron
su unánime rechazo al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para “la
reactivación de la economía peruana”, y denunciaron que estas normas plantean
cambios drásticos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico
legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias de los gobiernos municipales y regionales.
En conferencia de prensa,
realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, aseguraron
que estas normas, impulsadas desde el Ministerio de Economía, solo protegen a
las grandes empresas y debilita los canales institucionales que tienen las
poblaciones locales para la defensa de sus derechos.
José De Echave, ex
Viceministro de Gestión Ambiental y miembro de CooperAcción, afirmó que este paquete
de medidas tiene un aroma a los decretos que impulsó Alan García y que
propiciaron el Baguazo. “No estamos hablando solo de un paquete económico para
combatir la desaceleración de la economía, lo preocupante es que el proyecto de
ley propone medidas tributarias para flexibilizar las multas y beneficiar a los
grandes empresarios, con el fin de dar un paso antidemocrático a proyectos
extractivos como Conga y Chavín II”, advirtió.
De Echave también cuestionó
duramente este ataque a la institucionalidad ambiental, al asegurar que esta
institucionalidad no cayó del cielo, “hubo luchas en Ilo, La Oroya, luchas del
pueblo Ashuar, en Espinar y en Cajamarca, que han contribuido a estos cambios.
Ahora, EL OEFA suspenderá sus funciones de fiscalización por tres años y
desarrollará actividades de educación y seguimiento a las actividades ilegales;
el SENACE, que era el primer paso para aprobar los EIA, ya no tendrá esta
competencia. Además de otras herramientas como el de Ordenamiento Territorial
(OT), los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) estarán bajo la potestad del Consejo de Ministros”, añadió.
A su turno, Rocío Silva
Santisteban, de la CNDDHH expresó su preocupación y propuso un debate profundo
sobre las afecciones que impone este paquete de medidas. “No podemos considerar
que por encima del crecimiento económico se estén violando los derechos humanos
de los peruanos y peruanas y se vulneren las normas ambientales y laborales”,
enfatizó.
Por su parte, Henderson Rengifo,
de AIDESEP indicó que las organizaciones indígenas están preocupadas con estas
normas porque pone en riesgo los mandatos fundamentales para garantizar una
vida con tranquilidad y sin contaminación de los pueblos indígenas. “Estas
medidas favorecen a las industrias extractivas, dando carta libre para que
contaminen nuestros ríos, nuestra Amazonía. No podemos permitir que las multas
hacia las grandes empresas por transgresiones ambientales se reduzcan al 65%;
les están dando más licencia para que sigan contaminando. Nos sentimos
indignados, los bosques no solo son para los pueblos indígenas sino también
para la salud ambiental del mundo.”, dijo.
Rocío Valdeavellano, Vocera
del Grupo Perú COP20, expresó su preocupación por la posición del Gobierno de
Humala, teniendo en cuenta que este año nuestro país será sede de la Cumbre
Perú COP20, en la que se definirá un nuevo acuerdo climático global que la
humanidad demanda. “En vez de avanzar estamos retrocediendo en algo que ha sido
fruto de tanto esfuerzo. Nosotros demandamos una inversión que respete
estándares ambientales y, por ello, hacemos un llamado a los congresistas para
que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo”,
manifestó.
Finalmente, Efraín Yépez,
representante de la CGTP, denunció que el paquete de medidas impulsadas por el
Gobierno de Humala solo beneficiará a los empresarios y se dan en desmedro de los miles de trabajadores”
Acompañaron a la conferencia
de prensa un grupo de jóvenes activistas, que mostraron un pronunciamiento
firmado por más de 200 jóvenes en el que exigen una verdadera institucionalidad
ambiental y desarrollo sostenible, así como el archivamiento inmediato de la
propuesta de Ley 3637-2014, e instaron a que cualquier toma de decisión de
temas trascendentes sobre el modelo de desarrollo y su forma de ejecución sea
producto de un debate abierto, participativo, serio, transparente y en el marco
de la defensa de los derechos de todas y todos los peruanos y el cuidado
ambiental riguroso”.
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