DECLARANTES.
De izquierda a
derecha, Javier Estrada y César Jiménez, dos de los convocados por el CNM en la
investigación contra José Antonio Peláez.
Los fiscales desplazados de Áncash empiezan a
declarar en el CNM. Las investigaciones criminales continúan, pero hay
conflicto de interés. Dos fiscales supremos en cuestión. Rodolfo Orellana
demuestra su pegada en el Ministerio Público.
Ricardo Uceda
Ayer comenzaron a desfilar por
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) los fiscales que fueron apartados
del Ministerio Público o cambiados de sus cargos por decisiones del ex fiscal
de la Nación José Antonio Peláez Bardales. Decisiones dirigidas, se presume, a
favorecer intereses del investigado ex presidente regional de Áncash César
Álvarez, cuando menudeaban denuncias en su contra por corrupción. Las versiones
de estos testigos, algunas ya públicas,
son contundentes, al punto que dejan poco margen de discrecionalidad a un
organismo como el CNM, responsable de haber nombrado a la cúpula de fiscales
que hoy simboliza la crisis institucional del Ministerio Público.
El CNM también ha abierto una
investigación de oficio contra el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos.
Hasta hace poco dirigía el organismo disciplinario del Ministerio Público.
Detrás de lo presuntamente irregular en su actuación habría lo mismo:
parcialidad en favor de Álvarez, traducida en castigos a fiscales que lo
inquirían, o complacencia con quienes no cumplían su labor.
Peláez y Ramos integran la
junta de cinco fiscales supremos que gobierna el Ministerio Público. Aliados
con las magistradas Nora Miraval y Zoraida Ávalos para tomar las decisiones
fundamentales, controlan el organismo rector, en el que permanece como minoría
el fiscal más antiguo, Pablo Sánchez. Así tenemos que el Ministerio Público
está dirigido por un sector que tiene conflicto de interés con la más
importante investigación que lleva a cabo en el país: la concerniente a los
sucesos criminales en Áncash. Una distorsión de este tipo no se ha visto antes
en la institución.
LOS CAMBIADOS
Cuatro de quienes desfilan
ante el CNM son los fiscales que en 2011 participaron directamente en el
allanamiento de La Centralita, el centro de operaciones
político-propagandísticas de Álvarez donde se habrían realizado pagos ilícitos.
Ellos son César Jiménez, Francisco Estrada, Miguel Ángel Vilca y Christian
Aceijas. Otro, Segundo López Sotelo, fue cambiado luego de reabrir el caso, que
ya estaba archivado. Jenny Vilcatoma y Juan Manuel Toledo, así como Nancy
Moreno, también apoyaron la investigación del caso La Centralita. Por su parte,
la fiscal Carmen Berrocal había acusado a Jack Castillo, un empresario
vinculado a Álvarez, como autor intelectual del asesinato del fiscal Luis
Sánchez Colona. Castillo era defendido por un estudio jurídico del que era
socio el hermano del Fiscal de la Nación. Finalmente, José Luis Checa fue
sancionado por investigar demasiado al presidente regional.
De los anteriores, es posible
que Peláez pueda justificar los cambios de Vilcatoma y Toledo, por razones de
seguridad. Estaban siendo ferozmente amenazados. Pero su jefa, Nancy Moreno,
fue cambiada a fines del 2012 por apoyar las investigaciones de ambos. Moreno,
quien ahora preside la junta de fiscales del Santa, dijo en esa ocasión que su
cambio era injusto y que se debía a que incomodaba a “algunas personas”. Tan
obvio era que se refería a Álvarez que a continuación dijo:
—Todo el mundo tiene que darse
cuenta de lo que está pasando en Chimbote, en Áncash.
LOS PROTECTORES
Aparte de estos cambios, el
congresista Modesto Julca culpa a Peláez
por haber nombrado a algunos fiscales afines a Álvarez, como Hugo Hernández,
que trabajó en el gobierno regional, y Augusto Huaroma, a quien se atribuyó
militancia en el movimiento político del gobernador. También le cabría
responsabilidad por haber rechazado investigarlo por enriquecimiento ilícito.
Cuando tuvo el expediente, solo analizó, antes de archivarlo, la declaración
indagatoria de Álvarez, la información de Registros Públicos sobre sus bienes
muebles e inmuebles, un reporte de Infocorp y su movimiento migratorio. No
dispuso el levantamiento de su secreto bancario, ni el del secreto de las
comunicaciones. El patrón investigativo fue distinto al que empleó con otros
denunciados.
Por último, Peláez desoyó
continuas acusaciones contra el fiscal decano del Santa, Dante Farro. Era el
gran protector de Álvarez. Pero por esto último quien está más llamado a
responder es el actual Fiscal de la Nación, pues dirigía la Oficina de Control
Interno. A Carlos Ramos se le atribuye haberse excedido con el fiscal Checa,
quien fue castigado por intervenir una camioneta en la que viajaba Álvarez. En
la inspección no se halló ninguna carga
ilícita.
TANTAS VECES FARRO
En febrero del 2014, ante el cúmulo
de denuncias y de continuos requerimientos del congresista Modesto Julca para
que Farro fuera investigado, Carlos Ramos le abrió proceso disciplinario por
supuesta inconducta en el allanamiento de La Centralita. De acuerdo con la
denuncia de los fiscales que la intervinieron, Farro intentó disuadirlos en
presencia de César Álvarez y de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor
Crisólogo. Incluso les habría dicho que Álvarez tenía influencia con fiscales
supremos. El hecho de que Farro fuera investigado recién este año era
desconocido hasta la semana pasada, cuando llegó al Congreso un oficio del
Ministerio Público informándolo. Desconocido también era el castigo: 29 días de
suspensión, con rebaja del cincuenta por ciento de sus haberes.
La tardía y leve sanción no
deja bien parado al Fiscal de la Nación. Pues la resolución reconoce faltas que
antes Ramos, como jefe de Control Interno, negaba. Farro debe aún debe afrontar
un proceso penal. Un testigo en el proceso judicial de La Centralita sostiene
que recibía pagos mensuales por treinta mil soles de la administración del
gobierno regional. El fiscal niega los cargos.
Los enmarañados procesos de La
Centralita y de los asesinatos en Áncash, donde algunos testigos pueden
comprometer a Peláez y a Ramos más de lo que se conoce, colocan en una
situación insólita al Ministerio Público. En estas circunstancias, el Fiscal de
la Nación ha decidido trasladar el expediente de La Centralita a Lima,
generando un cúmulo de suspicacias. Parece innegable que Ramos tendrá mayor
control sobre las diligencias. A lo anterior se suma otra complicación: el caso
Orellana.
EL FACTOR ORELLANA
El 14 de abril pasado, la
Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público emitió una nota de
prensa según la cual se realizaría una investigación por lavado de activos
contra el abogado Rodolfo Orellana. Dijo que por disposición del fiscal de la
Nación, José Antonio Peláez, la llevaría a cabo la Fiscalía Especializada de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Para entonces, los indicios de que la
red de Orellana mantenía amplios vínculos con los organismos de justicia
saltaban a la vista. Era una investigación antigua, que se había detenido por
contratiempos judiciales, y que ahora pasaba a una nueva fiscalía. Y resultaba comprensible
que Peláez quisiera difundirla: se le había criticado una actitud negligente
respecto de Orellana, al extremo de mantener a un hombre suyo como asesor. Lo
insólito vino después, cuando Ramos ya tenía las riendas del Ministerio
Público. El 10 de junio el responsable de la oficina de Imagen, Raúl Sánchez,
fue notificado de un proceso disciplinario en su contra, por presunta vulneración de la reserva de la
investigación fiscal y del principio de presunción de inocencia de Rodolfo
Orellana. No hacía mucho Ramos se había reunido con el investigado, encuentro
que inicialmente fue negado.
¿Así estamos en el Ministerio
Público? ¿Cabe procesar a un funcionario porque informa simplemente que
Orellana va a ser investigado, en un ejercicio mínimo de transparencia? Parte
de lo gordo en las investigaciones sobre la corrupción en Áncash serán las
operaciones de COOPEX, la denunciada fábrica de cartas fianza del grupo
Orellana, en las obras públicas de la
región. Si el Fiscal de la Nación reacciona así con una nota de prensa que le
disgusta, lo que viene es de temer.
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