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| ¿DEBERIAN SER INVESTIGADOS? |
En la saga sobre la corrupción
y la violencia en Ancash hay una gran cantidad de fiscales.
Fiscal de la Nación, fiscal
jefe del órgano de control interno, presidente de la Junta de Fiscales del del
Santa, fiscales provinciales, etc.
Unos que investigaban y otros
que obstaculizaban, uno que castigaba a los que habían investigado y otro que
mandaba las denuncias hasta el archivo.
Por lo menos es así como se
conoce la historia y aparentemente aquí habría estado la clave para entender
por qué se llegó tan lejos. Versión de Ricardo Uceda en La República que luego
se la ha comprado El Comercio.
Pero hay una pregunta previa.
La función del Ministerio Público es actuar sobre el delito, sobre lo que ya
ocurrió, mientras hay otras instituciones que existen para evitarlo y sobre
ellas se está hablando mucho menos.
Al Ministerio de Economía le
corresponde realizar los desembolsos de los recursos del canon que se deducen
del impuesto a la renta que pagan las grandes empresas extractivas, y sólo
puede hacerlo a partir de la revisión de los expedientes técnicos en sus diversas
etapas, certificando la validez de los procedimientos seguidos y aprobando los
cronogramas de pagos que manejan según sus disponibilidades y caprichos.
La discrecionalidad del MEF es
amplia, como que puede congelar totalmente las entregas de dineros para las
obras, como lo ha hecho en Ancash
después que reventó el escándalo, y lo
ha repetido en Cajamarca, Tumbes y otros lugares, en un tipo de reacción a
posteriori respecto a los contratos que antes había aprobado.
A su vez, a la Contraloría la
definen como la entidad encargada de supervisar “la legalidad de la ejecución
del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los
actos y de los actos de las instituciones sujetas a control” (Constitución de
1993, artículo Nº 82). Esto no quiere decir otra cosa que a partir de su
función, los titulares de presupuesto, los operadores de la deuda y los jefes
institucionales pueden ser eventualmente intervenidos en cualquier etapa del
proceso si la Contraloría observa un acto fuera de la ley.
Pero contrario sensu, si la
Contraloría que recibe toda documentación de los supervisados y que puede pedir
las ampliaciones que considere conveniente, abrir acciones de control o generar
una auditoría externa, no expresa preocupaciones por mucho tiempo, se puede
asumir que estaría dando consentimiento y convalidando lo que no cuestionó.
El mismo artículo 82 de la
Constitución sostiene en su primera línea que la Contraloría es “una entidad
descentralizada”, que implica que en paralelo a la formación de los gobiernos
intermedios mandatados constitucionalmente debían instituirse contralorías de
región, con el grado suficiente de autonomía para investigar y sancionar a las
autoridades de ese nivel.
El artículo 99 indica que la
Contraloría General de la república “organiza un sistema de control
descentralizado y permanente”. Este es un concepto claramente diferente de las
oficinas de control interno (OCI) que actúan en las entidades del Estado
central y que están en la categoría de “desconcentradas”, es decir presentes en
todos los ámbitos, pero dependiendo directamente del Contralor.
La lógica es que lo
descentralizado debe tomar iniciativas y resolver en el sitio, dando luego
cuenta a su central, bajo responsabilidad, y que lo desconcentrado se mueve con
acuerdo con el mandato de la Contraloría General y antes de tomar cualquier
decisión o hacer públicos sus informes los consulta con el Contralor que puede
demorarse el tiempo que considere, antes de soltarlos, o incluso desestimarlos.
La idea de la
descentralización es la del sistema, que es como operan el Poder Judicial y el
Ministerio Público, cuyas cabezas pueden decir que lo actuado en las regiones
no los compromete y que puede aún ser vuelto a revisar en última instancia.
Pero una estructura así, parece no haber sido del gusto de los contralores
sucesivos Matute y Khoury que no han hecho nada por descentralizarse.
El mecanismo que parece haber
estado más a su gusto es el de poder elegir desde Lima la región a investigar y
a cuáles dejar tranquila, que es el mismo que aplican a los municipios de
cualquier tamaño y a las instituciones públicas. Khoury, por ejemplo, le puso
el ojo a Cajamarca a comienzos del 2012, no porque hubiera alguna denuncia de
corrupción sino porque fue a buscar las irregularidades, e hizo esta selección
porque estaba vivo el asunto de Conga. Entretanto Ancash y Tumbes, por
mencionar dos casos, se le pasaron por ha huacha.
LOS INTOCABLES
Mientras el tema de Ancash ha
sido una materia política en medio de la intensa presión de la concentración
mediática por decidir quién sería el nuevo Fiscal de la Nación y a Peláez le ha
caído duro por su papel evitando investigaciones en esa región (obviando todo
lo que ha hecho por guardar en archivo las denuncias sobre Alan García y el
APRA) y a Ramos por no priorizar el tema de “la centralita”, lo que ha devenido
en una Fiscalía aún más medrosa que la anterior que va a pedir la opinión de
Yanacocha sobre lo que hay que hacer con Santos; a Castilla nadie le ha preguntado
nada por su falta de prolijidad con Ancash y si hubo alguna indicación del
presidente para que no dificultara el giro de casi 2000 millones los últimos
tres años para obras que se ahora se dicen que son totalmente corruptas.
Por su parte el contralor
Khoury se ha excusado con el asunto de que Álvarez había recurrido a organismos
internacionales para burlar la supervisión nacional y como su mejor escudo
afirmó que el ya tenía hace años un proyecto de ley para poder actuar también
en estos casos. Escogió, por supuesto, la página de opinión de El Comercio para
consignarlo y creyó que con esto ya estaba librado de toda culpa.
Pero la ley de Contraloría Nº
27785, no hace excepciones en la responsabilidad del contralor respecto a todas
las instituciones públicas e incluye además a las entidades internacionales que
intervienen en la gestión de recursos públicos, como serían las supervisoras.
En una carta de Caretas del 29 de mayo de 1014, el Director para el
Perú de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), indicó: “se han
mandado casi 100 invitaciones para todos los procesos desarrollados en estos
años a la Contraloría para que participe en todas fases de los procesos”.
Donde se concluye que don Fuad
intentó desviar el debate con su historia de los blindajes internacionales que
le impedían controlar.
Además, está escrito en el
artículo 22 de la Ley de Contraloría que la institución tiene acceso “en
cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de
las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a
particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades…
Aquí por tanto, más allá de
anunciar un fracaso que no ayudó a evitar (lo que debió hacer cumpliendo su
función preventiva), o de excusarse con que habían supervisoras
internacionales, el contralor debería darnos respuestas precisas sobre lo que
hizo en los siguientes campos:
- Pronunciamientos de la Contraloría tanto en
sentido orientador o vinculante, respecto a lo que se iba sabiendo que ocurría
en Ancash y otras regiones, que pudiera decirse que no fueron tomados en
cuenta;
- Denuncias recibidas ante su despacho sobre
estos hechos y acciones que se ordenaron para esclarecerlas;
- Audiencias públicas en Ancash para aclarar
con participación de la institución los temas que se estaban presentando, como
manda la ley;
- Análisis que la Contraloría haya hecho sobre
el cumplimiento de las metas contenidos en los planes anuales de la región
Ancash y sobre la ejecución del presupuesto;
- Explicación de cómo los informes que la
Contraloría emitió sobre Ancash, y que no advirtieron hechos graves de
corrupción, pasaron de la condición de definitivos a “sin efecto por
deficiencias técnicas”, para poder emitir nuevas resoluciones, vulnerando la
seguridad jurídica;
Si el señor Khoury Zarzar no
puede responder a estas sencillas cuestiones, entonces también podría decirse
que su organismo fracasó ante la prueba regional. En otras palabras que los 350
millones de soles anuales que maneja para sólo cumplir la función de controlar,
no le permitieron adelantarse al que se dice ha sido el más grande caso de
corrupción regional de nuestra historia.
Todavía no está claro además
el trasfondo político del fracaso, si hubo protección interesada de Álvarez; si
habían implicados, que aún no sabemos; si la oposición de Ancash que hacía las
denuncias no mereció credibilidad porque todos parecían relacionados, hasta que
aparecieron los muertos; si estaban obsesionados con Cajamarca y se olvidaron
de Ancash; etc.
Todo esto llegará clarificarse
a condición de que la investigación baje el tono pasional-mediático que ahora
la envuelve y cada pieza de la maquinaria que operó para desnaturalizar la
regionalización y la conquista de los pueblos de una mayor cuota de
participación en los ingresos por empresas extractivas, sea desmontada y
señalada en sus verdaderas responsabilidades. Pero el gobierno, los partidos
políticos y los medios: ¿están realmente interesados en ello.
Publicado en Hildebrandt en
sus Trece
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