MANUEL DAMMERT
Congresista de la República
El Paquete de Castilla no
resuelve la baja de producción actual ni reactiva la demanda, pues se propone
reconquistar la confianza de los grandes grupos económicos, otorgándoles
beneficios claves con efecto de mediano plazo.
Oculta el Fracaso de Castilla,
que tuvo estos años más de 30 mil millones de dólares para invertir, pero se
dedicó a guardarlo como superávits
fiscales para regalarlos ahora, y paralizó la inversión pública reclamada y
posible en infraestructuras, servicios y políticas sociales. El Paquetongo evidencia la Abdicación.
El
Gobierno de Ollanta Humala no solo regala millones a grupos de poder evasores
de impuestos, y precariza el empleo, la salud y los servicios, sino sobre todo, para “recuperar su
confianza”, les da garantías contractuales por 15 años (los próximos tres
gobiernos), abdicando la soberanía del
Perú sobre su territorio y sus recursos naturales, los que privatiza y
desnacionaliza. Cruel paradoja: Ollanta reestablece un tipo de contratos que
anulan la soberanía. Como si regresara la IPC a la Brea y Pariñas.
Las inversiones mineras
previstas para los próximos años están a la baja, por reducción de los precios
mundiales de los metales. El Lobbysmo aprovecha para exigir la abdicación. El Paquetongo plantea la privatización del
territorio y la soberanía. El Gobierno regala a las Corporaciones privadas la
soberanía, el uso público, y la protección ambiental sostenible de los
recursos.
El Paquetongo incluye para
esto un nuevo modelo de Contrato de Estabilidad Tributaria CET, por los
próximos 15 años, es decir, por los próximos tres gobiernos que no podrían
hacer nada al respecto de ellos. Los CET se reducen Contratos de Adhesión, a un
estudio de factibilidad técnico económico, con carácter de declaración jurada,
sin estudios técnicos-económicos, ni garantías a la nación, y sin obligación
con los objetivos nacionales en el uso público de los recursos y el territorio.
De esta manera, abdican de la Nación pretendiendo deformarla como una inmensa
Zona Franca Privatizada, en la que no existe soberanía respecto a sus recursos
y territorios.
Abarcan los CET los grandes
proyectos de inversión minera, estimada en 52 mil millones de dólares, y
también se proyectan a energía, que incluye la privatización de Petroperú, y a otras inversiones conexas en diversos
campos (puertos, vías de transporte, refinerías, fundiciones, zonas urbanas,
usos del agua, etc.). Al mismo tiempo, esfuma el ordenamiento territorial como
política pública, impidiendo establezca el uso público y sostenible de los
recursos (agua, aire, etc.) e infraestructuras. Quiebra al MINAM y a los
estudios de impacto ambiental y de calidad del aire. El Perú, uno de los países
más afectados por el cambio climático, y cuyo futuro civilizatorio depende de
una nueva ecuación agua-tierra-población, es desguarnecido con esta abdicación
y privatización territorial. La República Lobbysta aísla al Perú de la Patria
Grande Latinoamericana, y pretende sujetarnos al declinante interés
geopolítico del Imperio USA en crisis.
Peruanizando el Perú, más bien, desde la República de ciudadanos, estamos en condiciones
de afirmar sus recursos y potencialidades, para superar las desigualdades, y
abrir las grandes alamedas del cambio social y el progreso de la nación.
VER
DOCUMENTO: 
No hay comentarios:
Publicar un comentario